LAS VÍCTIMAS Y SUS DERECHOS
Verdad Justicia Reparación y no Repetición pero ante todo VERDAD NADA MÁS QUE SE SEPA LA VERDAD

a toma del Palacio de Justicia, denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre por el M-19, fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) al Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.²​ Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985.

Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos,³​ entre ellos once magistrados. Once personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero; número que se reduciría a 6 después de que la Fiscalía anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común;⁴​ el 17 de octubre de 2015 el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela.⁵​ En 2017 se anunció que la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval.⁶​

Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, fueron detenidos dos coroneles y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.⁷​ El coronel (r) Plazas Vega fue condenado en 2010 por la Fiscalía y liberado y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia.⁸​⁹​

La toma ha sido calificada como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).¹⁰

Los paramilitares son responsables del 60 por ciento de las masacres y de casi 40 por ciento de los asesinatos selectivos sobre los cuales hay registro de responsabilidad. A las guerrillas se les atribuye más de 90 por ciento del total de secuestros (solo las Farc tienen más de 12.000 de los 27.000 secuestros relacionados con el conflicto), 75 por ciento de los casos de reclutamiento de menores y la casi totalidad de la siembra de minas antipersonales.

La Fuerza Pública, por su parte, registra 2.399 asesinato selectivos, 158 masacres con 870 víctimas mortales, 57 casos de sevicia y tortura y el informe señala su papel en las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzosas, en particular en los años del Estatuto de Seguridad durante el gobierno del presidente Turbay.